Protección jurídico-penal de las personas con discapacidad y personas mayores (I)

Abstract

En los Estados sociales y democráticos de Derecho el contenido de los códigos penales se estructura sobre la base del principio de exclusiva protección de bienes jurídico-penales. Según éste sólo pueden ser objeto de protección jurídico penal aquéllos valores esenciales para los seres humanos y en la medida que obstaculicen o dificulten de manera relevante las condiciones de participación de los ciudadanos en el contexto social. Esto, sin embargo, no impide, sobre todo si se tiene en cuenta la dimensión social del Estado de Derecho, que determinados colectivos, debido a su mayor nivel de desvalimiento, sean objeto de una especial o redoblada protección por parte del Derecho penal. De entre estos colectivos se encontrarían: los menores, las personas con discapacidad, las personas mayores, los extranjeros, las minorías culturales, étnicas o religiosas y, las de más reciente incorporación: las mujeres. En suma, se estaría dando entrada, no sin cierta controversia, a la técnica de las denominadas discriminaciones positivas en el ámbito del Derecho penal.