La extinción contractual del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores

Abstract

Del artículo 50 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) se ha dicho que “puede "presumir" de ser uno de los pocos preceptos de la norma laboral básica que ha perdurado intacto durante un periodo de tiempo tan prolongado. Y es que, hasta su modificación por el Real Decreto-ley --convertido a Ley-- 3/2012, la redacción continuaba siendo la que contenía la primera versión del ET de 1995” (REQUENA, 2017, p. 13). Como ya es sabido por todos, el objetivo expreso y principal de la reforma laboral de 2012 fue la flexiseguridad y, en coherencia con dicha meta, una de las medidas generales introducidas por la Ley 3/2012 consistió en incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo, como forma de hacer frente a la rigidez que se imputaba a la normativa laboral desde algunos sectores, principalmente, el empresarial. Como acertadamente se ha indicado, “de dicha premisa parte el capítulo III de la norma reformista (…) y se centra en modificar los términos reguladores de, entre otras materias, la clasificación profesional, la movilidad funcional y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, con el fin de fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa" (REQUENA, 2017, p. 14). Todo ello tuvo un impacto directo en el art. 50 ET y, más concretamente, en la primera de las justas causas que se analizarán a continuación (infra 2.1.1.). Pero vayamos por partes.