La protección del consumidor financiero en las costas procesales, con ocasión de las recientes sentencias del Tribunal Supremo español

Abstract

En el presente trabajo abordamos la doctrina jurisprudencial que aplican dos recien-tes sentencias del Tribunal Supremo, con apoyo en una previa del 4 de julio de 2017, sobre costas procesales cuando se declara la nulidad por abu-sivas de cláusulas no negociadas individualmente. Y es que el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea junto al criterio de vencimiento objetivo de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil parece constituirse como claves para conseguir la ansiada protección holística de los consumidores, pero no solo de los financieros. Y es que, si pese a vencer en un juicio, al consumidor se le obliga a costear sus gastos procesales se incumple letra y el espíritu de determinados preceptos de la Direc-tiva 93/13/CEE. Con todo, nos cuestionamos, por razones de seguridad jurídica y respeto al prin-cipio de protección de los legítimos intereses económicos del consumidor, la posibilidad de un cambio coordinado del Derecho procesal civil con el Derecho sustantivo, que consiga una auténtica protección integral de todos los consumidores en sus relaciones con los empresarios, incluso yendo más allá de la existencia de cláusulas abusivas y del principio de vencimiento objetivo.

In this paper we address the jurisprudential doctrine applied by two recent judgments of the Supreme Court, supported by a previous one of July 4, 2017, on procedural costs when the nullity of non individually negotiated terms is declared. The principle of the effectiveness of E uropean Union law, together with the objective criterion of the expiry of our Law on Civil Procedure, seems to be the key to achieving the desired holistic protection of consumers, but not only financial consumers. The fact is that if, despite winning a lawsuit, the consumer is forced to pay the costs of the proceedings, the letter and spirit of certain provisions of Directive 93/13/EEC are not respected. However, for reasons of legal certainty and respect for the principle of protection of the consumer’s legitimate economic interests, we question the possibility of a coordinated change of civil procedural law with substantive law, which would achieve genuine, comprehensive protection of consumers in their relations with employers by going beyond the existence of unfair terms and the principle of objective expiration.