Deuda soberana y cláusulas de elección de ley, a propósito de Petróleos de Venezuela, S.A. v. MUFG Union Bank, N.A.

Abstract

el objeto del presente trabajo es el análisis de la saga judicial iniciada en 2020 ante tribunales neoyorquinos como consecuencia de la emisión de bonos soberanos por parte de la empresa pública petrolera venezolana PDVSA que entran en default. El contrato de emisión de los citados bonos contiene una cláusula de ley aplicable, de acuerdo con la cual todos los aspectos relacionados con el contrato de emisión se deben regir por la ley neoyorquina. La cuestión controvertida es qué ley se debe aplicar para determinar la validez de la emisión. De aplicarse la ley venezolana, la emisión se reputaría nula, en contravención de la Constitución venezolana y desoyendo a la Asamblea Nacional desautorizando la operación. De aplicarse la neoyorquina, los bonistas, ante el default, podrían ejecutar la garantía colateral que contiene el contrato: el 50,1% de las acciones de CITGO, “la joya de la corona venezolana” y el principal activo en el exterior de Venezuela que se halla en suelo estadounidense y que es controlado por PDVSA, a través de una red de filiales

The purpose of this paper is to analyze the judicial saga initiated in 2020 before New York courts following the issuance of sovereign bonds by the Venezuelan state-owned oil company PDVSA, which subsequently defaulted. The bond issuance contract contained a choice-of-law clause stipulating that all matters related to the issuance contract should be governed by New York law. The contentious issue is which law should apply to determine the validity of the issuance. If Venezuelan law is applied, the issuance would be deemed null and void, contravening the Venezuelan Constitution and disregarding resolutions of the National Assembly that disapproved it. If New York law is applied, bondholders, in the event of default, could enforce the collateral guarantee contained in the contract: 50.1% of the shares of CITGO, "the crown jewel of Venezuela," and the principal foreign asset of Venezuela located on U.S. soil and controlled by PDVSA.